Los pequeños negocios en España ahora deben usar facturación electrónica
A finales de 2022, el gobierno aprobó la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, también conocida como Ley Crea y Crece. Esta normativa establece la obligación para los autónomos de emitir facturas electrónicas al trabajar con otras empresas. Aunque la ley aún no está en vigor, algunos negocios ya deben utilizar programas informáticos para facturar y no pueden usar facturas en papel al cobrar a sus clientes.
Factura electronica obligatoriedad para la Administración Pública
Desde el 15 de enero de 2015, las facturas dirigidas a la Administración Pública deben ser electrónicas. Esto implica que algunos proveedores de bienes o servicios que facturen a entidades como ayuntamientos, delegaciones o universidades, deben hacerlo de forma digital a través de un software.
¿Quiénes deben emitir facturas electrónicas ante la Administración?
La obligación de emitir facturas electrónicas al trabajar con entidades públicas está establecida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, que impulsa la factura electrónica y crea el registro contable de facturas en el sector público. En este sentido, están obligadas a utilizar la factura electrónica y presentarla a través del punto general de entrada correspondiente entidades como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, personas jurídicas sin nacionalidad española, entre otras.
¿Cuándo los autónomos deben emitir facturas electrónicas en todos sus negocios?
La obligatoriedad de la factura electrónica para las operaciones entre empresas del sector privado es una importante reforma a la que los autónomos tendrán que enfrentarse en los próximos años. Esta novedad está contemplada en la Ley Crea y Crece, aprobada por el Congreso de los Diputados en junio y publicada en septiembre de 2022. Aunque actualmente no hay ningún negocio obligado a emitir facturas electrónicas al trabajar con otras empresas, se espera que una vez se apruebe el desarrollo reglamentario, los empresarios con una facturación anual superior a ocho millones de euros deberán hacerlo dentro del año 2024, mientras que el resto tendrán un año para adaptarse, posiblemente hasta el año 2025.