La facturación electrónica se convertirá en un requisito obligatorio en España para el año 2025, marcando un cambio significativo en la forma en que se emiten y reciben las facturas en el país. Este nuevo método implica la transición de las facturas en papel a un formato electrónico, lo que requiere el consentimiento del destinatario y ofrece garantías de autenticidad e integridad mediante el uso de métodos electrónicos.
La Ley Crea y Crece, en vigor desde el 19 de octubre de 2022, establece esta nueva obligación para todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. Esta medida no sólo busca modernizar los procesos de facturación, sino que también tiene como objetivo mejorar la trazabilidad y el control de pagos en el ámbito empresarial.
El Gobierno ha establecido plazos para la implementación de la facturación electrónica obligatoria, diferenciando entre empresas de menor y mayor tamaño. Las empresas más pequeñas contarán con un período transitorio de dos años para adaptarse a este nuevo sistema, mientras que las grandes empresas deberán adoptarlo en una primera etapa.
Se espera que este cambio impulse un aumento significativo en el número de facturas electrónicas emitidas, pasando de alrededor de 300 millones en 2021 a cerca de 1.000 millones en 2025. Para facilitar esta transición, se han puesto en marcha programas de subvenciones como el Kit Digital, dotado con más de 3.000 millones de euros, con el fin de promover la adquisición e implementación masiva de soluciones de digitalización en las empresas.
Plazos para implementar la factura electrónica obligatoria.
Además, el Gobierno ha establecido un plazo de 4 años para que las empresas cumplan con la disponibilidad de la facturación electrónica. Aquellos que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar multas de hasta 10.000 euros por no ofrecer a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o por no permitir el acceso a sus facturas a personas que ya no son clientes.
En resumen, la facturación electrónica obligatoria en España representa un paso importante hacia la digitalización y la eficiencia en los procesos comerciales, con el objetivo de mejorar la transparencia, la seguridad y la eficacia en las transacciones comerciales en el país.